En el ejercicio de la actividad profesional de un colectivo como es el de enfermería, entran en juego por un lado, diversos derechos que afectan al usuario o si se quiere, o a los pacientes de los servicios de salud o de instituciones sanitarias privadas y por otro lado, las correlativas obligaciones del personal que presta el servicio y de las instituciones para las cuales se presta.

Así, por ejemplo, hablamos de derechos constitucionales como son la salud y la integridad física de los referidos usuarios o pacientes.

Estas implicaciones, a nuestro juicio, hacen más que necesario que el ejercicio de la profesión se encuentre ordenada, controlada y organizada por un organismo como es el colegial.

En este sentido, la Ley 2/1974 de 13 de febrero, establece en el nº 3 del art. 1 que “son fines esenciales de estas Corporaciones la ordenación del ejercicio de las profesiones, la representación institucional exclusiva de las mismas cuando estén sujetas a colegiación obligatoria, la defensa de los intereses profesionales de los colegiados y la protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados, todo ello sin perjuicio de la competencia de la Administración Pública por razón de la relación funcionarial.”

La propia Constitución consagra la importancia de las organizaciones colegiales, al señalar en su art. 36 que “la Ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento  de los Colegios deberán ser democráticos.”

Del tenor de los art. 149.1.1 y 149.1.18 de la CE, se desprende que la competencia Legislativa en la materia es del Estado y no de las Comunidades Autónomas.

La normativa estatal a tener en cuenta, como ampliaremos más adelante, es la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de colegios profesionales, en la redacción dada hoy por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre.

El art. 3.2 de la Ley 2/1974 en la redacción dada por la Ley 25/2009, es la siguiente:

“2. Será requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones hallarse incorporado al Colegio Profesional correspondiente cuando así lo establezca una ley estatal.”

Es decir, ninguna norma autonómica puede eximir de la colegiación obligatoria que venga  establecida por norma estatal.

3.1 ANDALUCÍA Y CATALUÑA

Diversas normas de la comunidad autónoma de Andalucía o de Cataluña fueron declaradas nulas por Sentencia del Tribunal Constitucional por invadir competencias estatales al establecer la exención en cuanto a la colegiación obligatoria de personal al servicio de la Administración.

• El art. 30.2 de la Ley del Parlamento de Andalucía 15/2001, de 26 de diciembre, de medidas fiscales, presupuestarias, de control y administrativas, publicada en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de 31 de diciembre del mismo año establecía que “«no obstante lo previsto en el apartado anterior, el requisito de la colegiación no será exigible al personal funcionario, estatutario, o laboral de las Administraciones Públicas de Andalucía para el ejercicio de sus funciones o para la realización de actividades propias de su profesión por cuenta de aquéllas. En todo caso precisarán de la colegiación, si así fuese exigido, para el ejercicio privado de su profesión.” 
• Por su parte, la Ley 7/2006, establecía en su art. 38.2 que: “El requisito de colegiación no es necesario si se trata de personal al servicio de las administraciones públicas de Cataluña, en lo concerniente al ejercicio con carácter exclusivo de la funciones y  actividades propias de su profesión que ejercen por cuenta de aquéllas.”

En el mismo sentido la disposición adicional cuarta de la Ley 7/2006 establecía que:

• “Para los profesionales médicos, odontólogos, farmacéuticos y de enfermería al servicio de las administraciones públicas cuyas funciones comprendan la realización de actos profesionales que tiene como destinatarios inmediatos a los ciudadanos, la efectividad de lo establecido por el artículo 38.2 requiere la declaración previa del Gobierno mediante decreto a propuesta de los departamentos de la Generalidad competentes en esta materia. 2. El Gobierno debe dictar el decreto a que se refiere el apartado 1 después de haber analizado la incidencia que la medida establecida por el artículo 38.2 puede implicar para el interés público y el funcionamiento del sistema catalán de salud.”

La realidad es que la actual normativa estatal no establece diferenciación entre personal  al servicio de instituciones privadas o públicas y ninguna norma autonómica puede contravenir  la legislación estatal, ya que como hemos visto, la competencia la ostenta el Estado.

3.2 GALICIA

En el caso particular gallego, es cierto que una Sentencia del Tribunal Constitucional vino a declarar nulo, entre otros, un apartado de la ley ómnibus gallega aprobada por ley 1/2010 que  daba nueva redacción al art. 3.2 de Colegios Profesionales de Galicia.

En esta norma, se establecía la obligatoriedad de colegiación para todos los profesionales, ya fuera en instituciones públicas o privadas.

El tenor literal del referido artículo es el siguiente:

“3.2: será obligatoria la colegiación para los profesionales médicos y demás profesionales de ciencias de la salud al servicio de las administraciones públicas cuyas funciones comprendan la realización de actos profesionales que tengan como destinatarios inmediatos a los usuarios del Sistema Público de Salud de Galicia, así como también para el ejercicio de la actividad privada.”

La sentencia del Tribunal Constitucional, publicada en el BOE el 1 de julio de 2017, anula el precepto referido de la norma gallega.

¿Quiere esto decir que no es necesario colegiarse para el ejercicio de la profesión?

Entendemos que no, lo que quiere decir es que el legislador gallego no es competente para determinar la obligatoriedad o no de la colegiación y es por ello que la la sentencia determina la nulidad por invadir competencias estatales.

Así, el tribunal Constitucional se expresa de esta manera:

“[…] el legislador autonómico ha ejercido una competencia básica del Estado al establecer la colegiación obligatoria para los profesionales médicos y demás profesionales de ciencias de la salud al servicio de las Administraciones públicas cuyas funciones comprendan la realización de actos profesionales que tengan como destinatarios inmediatos a los usuarios del Sistema Público de Salud de Galicia, así como también para el ejercicio de la actividad privada, en la disposición ahora impugnada.

En definitiva, el artículo 3.2 de la Ley 2/1974, de colegios profesionales, en la redacción dada al mismo por la Ley 25/2009, constituye parámetro de constitucionalidad en la materia que nos ocupa, y dado que en el mismo se atribuye al legislador estatal la competencia para establecer  los supuestos en que la colegiación obligatoria resulte exigible para el ejercicio profesional, al amparo del artículo 149.1.1 y 18 CE, no podemos sino concluir la inconstitucionalidad y nulidad  del apartado segundo del artículo 2 de la Ley 1/2010, de 11 de febrero, en cuanto da una nueva redacción al artículo 3.2 de la Ley de colegios profesionales de Galicia, en tanto en cuanto la Comunidad Autónoma no es competente para establecer el régimen de colegiación obligatoria previsto en el mismo.”

La nulidad se basa, pues, en una invasión de competencias y no tanto en el contenido de la norma, que en definitiva es coincidente con la legislación estatal que viene a establecer la colegiación obligatoria de los profesionales de enfermería.

•  Art. 3 de la ley 2/1974 de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales en la redacción dada por Ley 25/2009.

“Colegiación.

1. Quien ostente la titulación requerida y reúna las condiciones señaladas estatutariamente tendrá derecho a ser admitido en el Colegio Profesional que corresponda.

2. Será requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones hallarse incorporado al Colegio Profesional correspondiente cuando así lo establezca una ley estatal.”

En definitiva, para el ejercicio de las profesiones es necesario ostentar la titulación requerida y reunir las condiciones señaladas estatutariamente y además es requisito INDISPENSABLE hallarse incorporado al Colegio Profesional correspondiente cuando lo establezca una ley estatal.

• Art. 4.8 de la Ley 44/2003, de profesiones sanitarias:

“Para el ejercicio de una profesión sanitaria será necesario cumplir las obligaciones y requisitos previstos en el ordenamiento jurídico vigente.

En todo caso, para ejercer una profesión sanitaria, serán requisitos imprescindibles:

a) Estar colegiado, cuando una ley estatal establezca esta obligación para el ejercicio de una profesión titulada o algunas actividades propias de ésta.”

• Real Decreto 1231/2001, de 8 de noviembre, por el que se aprueban los Estatutos generales de la Organización Colegial de Enfermería de España, del Consejo General y de Ordenación de la actividad profesional de enfermería.

“Artículo 7. Colegiación. Es requisito indispensable para el ejercicio de la profesión de enfermería, en cualquiera de sus ámbitos o modalidades, hallarse incorporado al Colegio Oficial de Enfermería del ámbito territorial que corresponda con el domicilio profesional, único o principal. Bastará la incorporación a este Colegio profesional para ejercer la profesión en todo el territorio del Estado.”

• Estatutos del Colegio Oficial de Enfermería de A Coruña aprobados por ORDEN de 11 de octubre de 2012:

“Artículo 7 a): En el Colegio Oficial de Enfermería de A Coruña se incorporarán con carácter obligatorio, en los términos establecidos en la normativa reguladora sobre obligatoriedad de colegiación e igualdad de derechos corporativos, quienes se encuentren en posesión del correspondiente título de graduado/a en Enfermería, diplomado/a en Enfermería, ATS, practicante, enfermera o matrona, o cualquier otro que en el futuro se pueda establecer en relación y vinculado a la profesión de enfermería, tengan el propósito de ejercer su profesión y cumplan los demás requisitos que se puedan establecer por el Consejo General, el Consejo Autonómico o por el propio Colegio en estos estatutos en orden a la ordenación de la profesión y la práctica profesional conforme a las normas deontológicas.”