Alfonso Hermida
Gabinete de Comunicación del Colegio de Enfermería de A Coruña
El pasado año se notificaron 18.563 agresiones a profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS), según los datos del informe sobre agresiones correspondiente a 2025, del Ministerio de Sanidad. En 2024, más de 2.500 agresiones a enfermeras se denunciaron en España, según los datos que maneja el Consejo General de Enfermería, a través del Observatorio Nacional de Agresiones. En el Día Europeo contra lasagresiones a profesionales sanitarios, charlamos con el Interlocutor Policial Sanitario de la Guardia Civil, el teniente coronel Luis Nicolás Arroyo.
La Guardia Civil se ha incorporado a la nueva edición de la formación “Afrontamiento y prevención de agresiones a enfermeras” del Consejo General de Enfermería, que busca dar las pautas y profundizar en los mecanismos necesarios para saber cómo actuar en una situación de riesgo. Esta formación, que será de libre acceso a partir de este 12 de marzo para todos los enfermeros y enfermeras que quieran consultarla, es una más de las sinergias entre el órgano regulador de la profesión y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en los últimos años.
Con la entrada de los expertos de la Guardia Civil se han incorporado nuevos materiales didácticos, con especial protagonismo de los vídeos que recrean, con gran realismo, distintas situaciones de peligro y enseñan cómo actuar para evitar la agresión o huir en distintos escenarios.
-¿Cuál es exactamente la función del Interlocutor Policial Sanitario?
Partamos de que la finalidad de nuestro Plan Provincial de Protección de los Profesionales de la Salud es reforzar y mejorar la prevención de la seguridad y protección de los centros sanitarios y de los profesionales de la salud que trabajan en ellos, adoptando aquellas medidas precisas para incrementar la seguridad objetiva y subjetiva y para reducir la actividad delictiva relacionada con el colectivo sanitario en su conjunto.
El Interlocutor Policial Sanitario es, en esencia, el enlace directo entre la Guardia Civil y el ámbito sanitario. Su función consiste en mantener una relación fluida y permanente con hospitales, centros de salud, colegios profesionales y demás recursos sanitarios, con el fin de mejorar la prevención, la coordinación y la respuesta ante aquellas situaciones en las que confluyen la asistencia sanitaria y la seguridad.
Desde un punto de vista práctico, su labor se articula en tres ámbitos:
- En primer lugar, la prevención, mediante la detección de riesgos, la recogida de inquietudes del personal sanitario y la promoción de medidas orientadas a reducir incidentes.
- En segundo término, la coordinación, facilitando un canal claro y ágil de contacto entre los centros y la Guardia Civil.
- Y, por último, el asesoramiento y seguimiento, orientando al profesional en cuestiones relacionadas con seguridad, autoprotección, denuncia de hechos delictivos o mejora de protocolos de colaboración.
Su papel, por tanto, no se limita a intervenir cuando se produce un incidente, sino también a consolidar una relación de confianza entre ambas instituciones para que los profesionales sanitarios sepan que cuentan con una referencia policial próxima, accesible y comprometida con su protección.
A nivel Provincial, la Guardia Civil tiene dos niveles de Interlocutor:
1. Interlocutor Policial Territorial de Comandancia. Recordamos que el nivel Comandancia abarca toda la demarcación territorial de la provincia donde la Seguridad Ciudadana es competencia de la Guardia Civil. Este Interlocutor es el responsable a nivel Comandancia de la Coordinación de actividades relacionadas con nuestro Plan Provincial citado, que recogemos en una Orden de Servicio específica. Dicha función recae en el Teniente Coronel Jefe de Operaciones de la Comandancia quien, entre otras, realizará las siguientes acciones:
Establecer y mantener contactos periódicos con las instituciones, organizaciones y asociaciones que representan a los colectivos afectados, así como con los órganos o representantes designados por las distintas Administraciones competentes (Fiscalía, Judicatura, Sanidad, Servicios Sociales…). Coordina y supervisa la correcta ejecución de las actividades policiales de la Guardia Civil en la provincia, en el marco de actuación del citado Plan Provincial.
2. Interlocutor Policial Territorial de Compañía. Existen cinco, de la categoría de Oficial, uno en cada una de las Compañías en que se organiza territorialmente la Comandancia. Esto es, uno en A Coruña, otro en Ferrol, otro en Santiago de Compostela, otro en Noia y otro en Carballo.
Cada uno de esos Oficiales es el responsable a nivel Compañía de:
- La coordinación de las actividades en la materia.
- Establecer el canal de comunicación más adecuado con los responsables de seguridad de los centros sanitarios existentes en su demarcación, con el fin de que puedan comunicarse mutuamente las incidencias ocurridas estableciendo las medidas reactivas correspondientes en el menor tiempo posible.
- Asesorar a los centros sanitarios que así lo soliciten, respecto de la adopción de aquellas medidas de seguridad adecuadas para la prevención y reducción del riesgo de comisión de posibles actos violentos.
- Materializar y ejecutar actividades formativas e informativas, impulsando la creación de una cultura de da seguridad sanitaria.
-¿Cómo se trabaja desde la Guardia Civil con hospitales, centros de salud o colegios profesionales para prevenir agresiones?
La colaboración se basa, sobre todo, en la cercanía, la coordinación y la anticipación.
La Guardia Civil mantiene una relación directa con hospitales, centros de salud y colegios profesionales para que el contacto no exista solo cuando ya se ha producido una agresión, sino también con carácter previo, detectando riesgos, atendiendo inquietudes y reforzando la prevención.
En ese marco, la figura del Interlocutor Policial Sanitario resulta esencial, porque actúa como punto de referencia entre la institución y el ámbito sanitario, facilitando la comunicación, resolviendo dudas y articulando respuestas más ágiles cuando se detectan problemas.
Junto a ello, la prevención también se materializa sobre el terreno. Las patrullas de seguridad ciudadana realizan visitas habituales a los centros de salud de su demarcación y mantienen contacto rutinario con los profesionales sanitarios para comprobar que todo se desarrolla con normalidad, conocer de primera mano posibles incidencias y reforzar esa relación de confianza. Ese contacto periódico, aunque a veces pase desapercibido, tiene un importante valor preventivo.
Asimismo, se impulsan acciones formativas y de sensibilización dirigidas a profesionales sanitarios y personal de seguridad de los centros, con pautas de autoprotección, criterios de actuación y orientación sobre cómo proceder ante una agresión.
-Cuando se produce un incidente, ¿cómo es el protocolo de actuación?
Lo primero es proteger al profesional sanitario y restablecer la normalidad en el centro si se ha visto alterada.
A partir de ese momento, se activa la respuesta policial, se identifica y actúa policialmente sobre el presunto agresor, se recaban los datos de lo ocurrido y se recogen todos los elementos de prueba disponibles, ya sean testigos, imágenes u otros indicios que puedan resultar de interés.
Paralelamente, se orienta al profesional sobre la formalización de la denuncia, sobre sus derechos como víctima de un supuesto delito y sobre los pasos que deben seguirse, de manera que no afronte en solitario una situación que, además de grave, suele tener una importante carga personal y emocional.
En ese proceso, el Interlocutor Policial Sanitario cumple una función especialmente relevante como cauce de comunicación con el centro y como apoyo al profesional afectado, no solo en la fase inicial, sino también en el seguimiento posterior.
Además, la Guardia Civil dispone hoy de distintos mecanismos para facilitar la atención al ciudadano y agilizar la denuncia, tanto de forma presencial como mediante recursos móviles o tecnológicos. Entre ellos, conviene mencionar las Oficinas Móviles de Atención al Ciudadano (OMAC) y los terminales inteligentes, que permiten acercar la respuesta policial, recoger denuncias y mejorar la atención incluso en el propio lugar de los hechos o en zonas rurales alejadas.
-Desde el punto de vista legal, agredir a un sanitario puede considerarse atentado contra la autoridad. ¿Qué consecuencias penales afronta hoy un agresor?
Desde el punto de vista legal, la respuesta es clara: agredir a un profesional sanitario puede tener graves consecuencias penales.
Cuando esa agresión se produce mientras está ejerciendo las funciones propias de su cargo, o con ocasión de ellas, puede ser considerada delito de atentado, lo que implica una protección penal reforzada por parte del ordenamiento jurídico.
Eso significa que el agresor no responde solo por el golpe, la amenaza o la lesión que haya causado, sino también por atacar a una persona que presta un servicio público esencial. En el caso general, la pena prevista para el atentado es de prisión de seis meses a tres años.
No obstante, estas penas pueden verse agravadas siempre que el atentado se cometa:
- Haciendo uso de armas u otros objetos peligrosos.
- Cuando el acto de violencia ejecutado resulte potencialmente peligroso para la vida de las personas o pueda causar lesiones graves. En particular, están incluidos los supuestos de lanzamiento de objetos contundentes o líquidos inflamables, el incendio y la utilización de explosivos.
- Acometiendo al funcionario público haciendo uso de un vehículo de motor.
Además, en muchos supuestos el atentado no aparece de forma aislada. Si existen lesiones, amenazas, coacciones o daños, esos hechos pueden sumarse y agravar la respuesta penal.
-¿Las penas actuales tienen efecto disuasorio?
Las penas son necesarias y cumplen una función importante, porque transmiten con claridad que una agresión a un sanitario no es tolerable y tiene consecuencias penales agravadas.
Ahora bien, sería poco realista pensar que el castigo, por sí solo, basta para erradicar el problema. La verdadera capacidad disuasoria surge cuando la respuesta es completa: cuando se denuncia, cuando se actúa con rapidez, cuando la víctima se siente respaldada y cuando existe una coordinación eficaz entre el ámbito sanitario y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Por eso, más que hablar únicamente de pena, conviene hablar de tolerancia cero frente a la agresión, la amenaza o la intimidación hacia quienes están cuidando de los demás.
Las penas ayudan, pero lo que más disuade es que el agresor sepa que va a encontrarse con una respuesta real, rápida y sin fisuras.
-¿Estamos ante un aumento real de la violencia o también influye que ahora se denuncian más casos que antes?
Probablemente concurren ambas realidades.
Por un lado, los datos muestran que estamos ante un problema real y sostenido. El Ministerio de Sanidad notificó 17.070 agresiones a profesionales del Sistema Nacional de Salud en 2024, lo que supuso un 15,74 % más que en 2023.
Pero, al mismo tiempo, también influye que hoy se denuncia más y se registra mejor. Y eso, desde un punto de vista institucional, también debe interpretarse de forma positiva, porque significa que hay más concienciación, menos resignación y una mayor disposición a visibilizar conductas que antes en muchos casos quedaban ocultas.
Lo más razonable es no optar por una única explicación. Existe un problema real, pero también una mejor capacidad para aflorarlo y medirlo. Ambas circunstancias obligan a seguir trabajando en prevención, protección y denuncia.
-Existe la sensación entre muchos sanitarios de que hay un importante infrarregistro. ¿Perciben esta realidad desde la Guardia Civil?
Desde la Guardia Civil se entiende que hay agresiones que nunca llegan a denunciarse y que, por tanto, las cifras oficiales no siempre reflejan toda la dimensión del problema.
Ese infrarregistro puede responder a distintos factores, pero su consecuencia es clara: deja ocultos episodios que deberían conocerse, documentarse y tener respuesta. Cuando una agresión no se comunica, resulta más difícil actuar con eficacia, proteger adecuadamente a la víctima y prevenir que situaciones similares vuelvan a repetirse.
Por eso, uno de los mensajes esenciales sigue siendo que ninguna agresión debe banalizarse ni asumirse como parte normal del trabajo.
-¿Por qué sigue costando tanto dar ese paso?
Porque detrás de cada agresión no hay solo un hecho objetivo, sino también una reacción personal individual.
Muchas veces el profesional resta importancia a lo ocurrido o, simplemente, no quiere revivir una situación que ya ha sido suficientemente desagradable. En otros casos influyen el cansancio, la falta de tiempo o el temor a iniciar trámites que se perciben como complejos.
También pesa, en ocasiones, una idea equivocada pero todavía presente: considerar que ciertos insultos, amenazas o episodios de tensión forman parte inevitable del trabajo diario. Y no es así.
Denunciar cuesta cuando se percibe que el esfuerzo personal puede ser mayor que el resultado. Precisamente por eso es tan importante que el profesional sienta respaldo, acompañamiento y confianza en que dar ese paso merece la pena. Denunciar no solo protege a quien ha sufrido la agresión, sino que también contribuye a proteger a sus compañeros y al propio sistema sanitario.
-Se han puesto en marcha herramientas como la app AlertCops o los llamados botones SOS sanitarios. ¿Cómo están funcionando?
Están funcionando como herramientas útiles de respuesta rápida. No son una solución aislada ni sustituyen al resto de medidas de protección, pero sí aportan un recurso ágil e inmediato para pedir ayuda en una situación de riesgo. Permiten activar una alerta con rapidez y facilitar una reacción rápida y eficaz por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Además, los datos disponibles muestran que no se trata de recursos meramente teóricos. Entre abril de 2020 y diciembre de 2023 se registraron 148 alertas SOS sanitarias, de las que 77 correspondieron ser atendidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Son cifras que evidencian que la herramienta se utiliza y que tiene una utilidad práctica.
En paralelo, la Guardia Civil continúa avanzando en el uso de nuevas tecnologías y en distintas fórmulas de atención al ciudadano para hacer más accesible la denuncia y más cercana la respuesta policial, también en entornos rurales o alejados de los núcleos urbanos.
Destacar la puesta en marcha de la posibilidad de interponer denuncias por medios telemáticos, habiéndose definido varios procedimientos para su utilización por parte de la ciudadanía mediante la interposición, haciendo uso de la Sede Electrónica de la Guardia Civil, de denuncias y/o comunicaciones, ampliando así la atención al ciudadano, adaptando el servicio a las demandas sociales.
La tecnología, en este ámbito, no sustituye el trabajo preventivo ni el acompañamiento, pero sí refuerza la capacidad de reacción y ofrece al profesional una vía adicional de ayuda y protección.
-¿Cuál es el patrón de agresor más habitual?
Si atendemos a los datos disponibles, el agresor más habitual suele ser el propio usuario o paciente y, en segundo lugar, familiares o acompañantes.
El informe del Ministerio de Sanidad correspondiente a 2024 sitúa ese reparto en un 71 % de agresiones atribuidas a usuarios o pacientes y un 29 % a familiares o acompañantes. Además, en las notificaciones que recogen ese dato, predominan los agresores varones.
Ahora bien, conviene evitar simplificaciones. No existe un único perfil cerrado y, muchas veces, estas conductas se producen en contextos de tensión, frustración, demora percibida o desacuerdo con la atención recibida.
Más que fijar una etiqueta sobre quién agrede, interesa comprender en qué circunstancias se produce esa escalada y cómo puede prevenirse.
-¿Cuáles son los profesionales sanitarios que están más expuestos?
Los profesionales más expuestos son, principalmente, el personal facultativo médico y de Enfermería.
Los datos más recientes del Ministerio de Sanidad sitúan las agresiones notificadas en un 33 % para el personal facultativo médico y en un 29 % para el de Enfermería, por encima del resto de categorías.
No obstante, además de la categoría profesional, hay que tener en cuenta el ámbito en el que se presta servicio. La mayor exposición suele darse allí donde existe un contacto más directo, continuado e inmediato con pacientes y acompañantes, especialmente en contextos asistenciales de mayor urgencia y presión. De hecho, la Atención Primaria y Extrahospitalaria presenta una tasa de notificación sensiblemente superior a la Hospitalaria.
Por tanto, están más expuestos quienes desarrollan su labor en primera línea y en escenarios donde confluyen urgencia, tensión y alta demanda asistencial.
-¿Para qué sirven los cursos de formación dirigidos a sanitarios?
Estas jornadas de formación sirven, ante todo, para dar seguridad, criterio y confianza al profesional sanitario. Porque muchas veces la diferencia entre sentirse desprotegido o saber cómo actuar está precisamente en haber recibido una formación clara, práctica y cercana.
Estas acciones formativas no se limitan a explicar conceptos teóricos. Sirven para identificar situaciones de riesgo, mejorar la autoprotección, aprender a reaccionar con serenidad ante un episodio de tensión y conocer qué pasos deben darse si finalmente se produce una agresión. Es decir, ayudan tanto a prevenir como a actuar mejor cuando el incidente ya se ha producido.
Además, cumplen una segunda función muy importante, romper dudas y barreras a la hora de denunciar. En muchas ocasiones el profesional puede que no denuncie no porque no quiera, sino porque no sabe exactamente cómo hacerlo, qué recorrido va a tener esa denuncia o qué apoyo institucional va a recibir.
Así mismo, permiten reforzar la coordinación entre el ámbito sanitario y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. No se trata solo de trasladar pautas de autoprotección, sino de que el profesional sepa que tiene detrás una estructura de apoyo real, con la figura del Interlocutor Policial Sanitario como principal orientador.