Las agresiones a sanitarias y sanitarios siguen aumentando. El Ministerio de Sanidad avanzó los datos de 2024: 16.558 agresiones, el 78 % a mujeres. Es la cifra más alta desde que en 2017 se empezó a llevar registro de las denuncias. Según los últimos datos del Observatorio de Agresiones del Consejo General de Enfermería, en 2023 se denunciaron un total de 2.840 agresiones a enfermeras en toda España, un 10 % más que el año anterior. Galicia, con 212 agresiones notificadas, fue la quinta comunidad autónoma con más casos. El Consejo General de Enfermería pide un incremento en las penas a las que han de enfrentarse quienes agreden a una enfermera.
Conversamos con Manuel Yanguas, Interlocutor Policial Nacional Sanitario, que coordina los 77 miembros de la Policía Nacional que ejercen como Interlocutores en todo el territorio. Representan un canal de comunicación con el sector sanitario, con el que desarrollan actividades preventivas y de difusión de información. En la provincia de A Coruña existe esa figura en las comisarías de Ribeira, Ferrol, Santiago y A Coruña.
-¿El personal de Enfermería está más expuesto que otros profesionales?
Sí, el personal de Enfermería, junto con el personal facultativo, son los colectivos más expuestos. Según los datos del Ministerio de Sanidad, las enfermeras y enfermeros representan, con un 30 %, una proporción significativa de las víctimas de violencia en el ámbito sanitario, tanto en Atención Primaria, Extrahospitalaria como en Atención Hospitalaria. Y esto se debe principalmente a varios factores, como el contacto directo y continuo con los pacientes y su papel de intermediarios entre los pacientes y los médicos.
Es importante destacar que las agresiones no solo se refieren a violencia física, sino también a verbal, lo cual afecta gravemente el bienestar emocional de los profesionales. Las diversas autoridades sanitarias están trabajando para mejorar la seguridad en los centros, pero la violencia sigue siendo un tema relevante a nivel de salud pública en España.
-¿Por qué es importante denunciar?
Concienciar a los profesionales sanitarios sobre la importancia de denunciar las agresiones que sufren es fundamental para garantizar su seguridad y bienestar, así como para mejorar sus condiciones laborales en el sector de la salud. Es esencial implementar programas de formación que incidan en la importancia de la denuncia de las agresiones y que expliquen el proceso legal y las consecuencias de no denunciar, lo que ayudará a sensibilizar a los profesionales sobre la necesidad de hacerlo y de asumir una actitud de tolerancia cero ante cualquier tipo de violencia ejercida por los pacientes y sus familiares/acompañantes.
-¿Por qué no se denuncia?
La falta de denuncia de las agresiones que sufren los profesionales en el ámbito sanitario en España se debe a varios factores complejos, que incluyen tanto aspectos culturales como laborales y sociales. Y así, los principales motivos serían:
1. Normalización de la violencia.
En muchos casos, las agresiones, tanto físicas como verbales, se han normalizado como parte del trabajo diario en el ámbito sanitario. El personal de enfermería y otros profesionales a menudo sienten que forman parte de la "rutina" del trabajo, especialmente en situaciones de alta presión o estrés. Esto puede llevar a que las víctimas minimicen la agresión o no la perciban como algo grave que merezca una denuncia formal.
2. Falta de concienciación
El personal sanitario a veces siente que las agresiones no son lo suficientemente graves o no son vistas como un problema importante por la sociedad o las instituciones. Influyen la falta de visibilidad de las agresiones, que estas se trivialicen o no se reconozcan como un problema serio que requiera de medidas urgentes.
3. Miedo a represalias
Algunos profesionales de la salud temen represalias por parte de los pacientes y/o sus familiares. Consideran que presentar una denuncia puede generar tensiones con los pacientes o con sus familias, afectando la relación profesional y poniendo en riesgo la calidad de su trabajo diario. También existe el temor de que los agresores tomen represalias directas, especialmente cuando se han sufrido amenazas de carácter verbal o psicológico.
4. Falta de apoyo institucional
En algunos casos, los profesionales sanitarios pueden sentir que las diversas instituciones implicadas no están lo suficientemente comprometidas con la protección de su seguridad. Aunque existen protocolos para actuar en caso de agresión, muchas veces los trabajadores sanitarios sienten que no se les brinda el apoyo necesario o que las medidas que se toman no son lo suficientemente eficaces. Esto puede generar desconfianza en el sistema y desincentivar la denuncia.
5. Desconocimiento de los procedimientos de denuncia
Algunos sanitarios pueden no estar completamente informados sobre cómo proceder en caso de agresión. Aunque existen protocolos y leyes de protección, la falta de formación sobre estos procedimientos o la falta de tiempo y recursos para llevar a cabo una denuncia puede llevar a la no actuación.
6. Sobrecarga laboral
La elevada carga de trabajo y la presión constante en el ámbito sanitario pueden ocasionar que sus profesionales no tengan tiempo o energía para formalizar una denuncia. La urgencia de atender a los pacientes y la escasez de personal a menudo dejan poco espacio para lidiar con trámites adicionales.
7. Cuestiones emocionales y psicológicas
Las agresiones, especialmente las verbales y psicológicas, pueden afectar el bienestar emocional del profesional sanitario, generando sentimientos de impotencia, frustración o ansiedad. Esto puede hacer que el sanitario, víctima de una agresión, no quiera revivir la experiencia o exponer su vulnerabilidad mediante una denuncia, especialmente si no siente que será apoyado de manera efectiva.
-¿Para qué sirve la denuncia desde el punto de vista policial?
Desde el punto de vista policial, la denuncia de una agresión sufrida por un sanitario no solo sirve para iniciar una investigación y proteger al profesional agredido, sino que también es crucial para garantizar la seguridad general del entorno sanitario, dar visibilidad al problema de la violencia en el ámbito sanitario y contribuir al desarrollo de políticas y medidas de prevención. La denuncia es un acto fundamental que puede generar efectos positivos tanto para la persona agredida como para la mejora de la seguridad en todo el sistema sanitario.
-¿Responden a un patrón concreto las personas agresoras?
Según los datos que maneja el Ministerio de Sanidad, el perfil de la persona agresora en un 72 % de las ocasiones corresponde al propio usuario o paciente y en un 28 % a un familiar o acompañante. En las notificaciones que han registrado la variable sexo de la persona agresora un 57 % son hombres y un 43 %, mujeres.
-¿Suelen reincidir?
Desgraciadamente, y según esos mismos datos del Ministerio de Sanidad, el 17 % de los agresores se corresponden al perfil de reincidentes.
-¿Actúan con premeditación o la agresión suele responder a un arranque de violencia súbita?
En general, la mayoría de las agresiones a los sanitarios son el resultado de arranques de violencia súbita, alimentados por situaciones de estrés o frustración. Los sanitarios suelen estar en contacto con pacientes y familiares que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, ansiedad o dolor, lo que puede desencadenar reacciones emocionales intensas.
Aunque menos frecuente que las agresiones impulsivas, las agresiones premeditadas también ocurren en el ámbito sanitario, especialmente cuando hay factores subyacentes como conflictos personales, desacuerdos previos o intenciones de dañar a un profesional específico. Estas agresiones pueden involucrar a personas que ya tienen una historia de conflictos con el sistema sanitario o que, en algunos casos, buscan venganza por motivos personales.
-¿Qué tipo de agresiones son más comunes?
Las agresiones notificadas por parte de los profesionales del Sistema Nacional de Salud se corresponden en su mayoría con agresiones de tipo no físico (84 %), como insultos, amenazas y coacciones. Y en el 78 % de las notificaciones la persona agredida es una mujer.
Respecto a los diferentes tipos de agresiones sufridas, en el 48 % de los casos se produjeron amenazas y coacciones, mayoritariamente a mujeres (65 %). Por otra parte, el 11 % del total fueron agresiones que acabaron en lesiones físicas, sufriéndolas en un 71 % las mujeres y un 29 % los hombres, en el rango de edad de los 35 a los 55 años.
-¿A qué se exponen policial y penalmente las personas que agreden a sanitarios?
Cuando se produce una agresión a un sanitario, la primera intervención corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad. Si la agresión es grave o se percibe como un delito flagrante, la policía puede proceder a la detención del agresor. Si la agresión es leve o no se consideran evidencias suficientes para una detención, el agresor puede ser citado a declarar ante la autoridad judicial competente.
Desde el punto de vista penal la agresión física a un sanitario puede considerarse un delito de atentado. El Código Penal establece que las personas que agreden a funcionarios públicos o personas en el ejercicio de sus funciones (como los sanitarios) pueden enfrentarse a penas de 1 a 3 años de prisión si la agresión no causa lesiones graves, y de 3 a 6 años de prisión si la agresión causa lesiones graves.
Las agresiones verbales y las amenazas también tienen consecuencias penales, especialmente si se consideran como delito de amenazas o coacciones. Si el agresor amenaza a un profesional sanitario con causar un daño, puede ser condenado a penas de prisión o multa, dependiendo de la gravedad de la amenaza (de 6 meses a 3 años de prisión en casos de amenazas que impliquen un maltrato, daño físico o psicológico).
Si el agresor impide de alguna manera el trabajo del sanitario mediante violencia o amenazas, puede ser condenado por un delito de coacciones, con penas que varían entre 3 meses y 3 años de prisión.
Si la agresión causa lesiones al sanitario, se puede aplicar el delito de lesiones. Dependiendo de la gravedad de las lesiones causadas (desde un simple golpe hasta lesiones graves o permanentes), las penas a aplicar varían. Y así, si las lesiones no son graves, las penas pueden ser de prisión de 3 meses a 1 año o una multa económica. Si las lesiones son graves (por ejemplo, si se requiere tratamiento médico o si causan secuelas permanentes), el agresor puede enfrentarse a penas de prisión de 1 a 3 años o incluso más, dependiendo de las circunstancias.
Además las agresiones a sanitarios, cuando se producen en el marco de su trabajo como funcionarios públicos (en hospitales, centros de salud, urgencias, etc.), tienen un agravante en su tratamiento penal, ya que se consideran atentados a la autoridad. Esto conlleva penas más severas que las aplicables a una simple agresión a un particular.
-La formación es una de las medidas preventivas más eficaces. ¿Qué medidas preventivas hay que adoptar?
Incentivar la denuncia como un acto de prevención. Explicar que denunciar las agresiones no solo protege a la víctima, sino que también contribuye a mejorar la seguridad del entorno laboral para otros profesionales y pacientes, creando esa necesaria cultura de tolerancia cero hacia la violencia.
También es necesario implementar programas de formación en técnicas y herramientas de prevención y en análisis del comportamiento en prevención ante agresiones en entornos sanitarios.
-¿Cómo debe reaccionar el sanitario en el momento de la agresión?
Un sanitario que sea víctima de una agresión, ya sea verbal o física, debe seguir ciertos pasos para garantizar su seguridad personal. La reacción debe ser rápida, pero también cuidadosa, para proteger tanto su integridad como la de sus compañeros y el resto de los pacientes y familiares.
Lo primero es intentar mantener la calma y evitar que la situación se agrave. Si la agresión es verbal, el sanitario debe tratar de no responder con agresividad y de calmar la situación. Hablar en un tono tranquilo y no confrontacional puede ayudar a desactivar la tensión.
Si la agresión es física, el sanitario debe intentar apartarse del agresor lo antes posible, sin poner en riesgo su seguridad, y evitar una confrontación directa.
Si la situación es grave o está fuera de control, pedir ayuda debe ser una prioridad. Si hay compañeros cerca, deben ser alertados de inmediato, y si el sanitario se encuentra en un área aislada, puede ser necesario usar un sistema de alerta de seguridad (por ejemplo, un botón del pánico), y avisar al personal de seguridad del centro. Si la agresión se está desarrollando de forma violenta o peligrosa, debe llamarse a la policía inmediatamente.
Finalmente , y si es seguro hacerlo, el sanitario debe intentar recoger pruebas de la agresión. Disponer de pruebas ayudará a respaldar la denuncia ante las autoridades competentes.
-¿Y después?
Posteriormente deberá gestionar correctamente la situación desde el punto de vista legal y laboral.
Es crucial que el sanitario informe del incidente a sus superiores (responsables de recursos humanos, jefes de servicio, etc.). Esto no solo es necesario desde el punto de vista organizativo, sino que también puede ser clave para tomar medidas de protección o para mejorar la seguridad en el centro. El informe oficial permitirá que se sigan los procedimientos internos de seguridad y se pueda analizar si es necesario reforzar las medidas de protección para evitar futuras agresiones.
Una vez que la situación inmediata se haya controlado y la seguridad esté asegurada, el sanitario debe presentar una denuncia formal ante la Policía. Es importante que esta denuncia se realice lo antes posible para garantizar que el caso sea investigado correctamente.
Tras una agresión, es importante que el sanitario reciba atención médica para evaluar cualquier lesión física y recibir el tratamiento necesario. En caso de agresión psicológica o emocional también es recomendable recibir apoyo psicológico para tratar el impacto emocional de la experiencia. Muchas veces, las agresiones pueden generar estrés, ansiedad o trauma postraumático, por lo que contar con un apoyo profesional puede ser fundamental.
-¿Varían estas recomendaciones si la agresión se produce en el domicilio de la persona agresora o en la vía pública?
Cuando la agresión ocurre en el domicilio de la persona agresora, generalmente en un contexto de asistencia sanitaria domiciliaria, el sanitario está atendiendo a un paciente en su hogar, lo que puede implicar un entorno más privado y menos seguro.
Antes de acudir a un domicilio, especialmente en situaciones de riesgo potencial, los sanitarios deben realizar una evaluación preliminar sobre la seguridad del entorno. Esto incluye verificar si existen antecedentes de agresión en la familia o el área, y si hay algún riesgo potencial.
No deberá entrar en el domicilio si se percibe peligro: si el sanitario percibe que el ambiente no es seguro, debe abstenerse de entrar en el domicilio y avisar a la policía si es necesario.
Si la agresión ocurre dentro de la vivienda, el sanitario debe tratar de llamar a la Policía inmediatamente, aunque no siempre será posible si el agresor está agresivo o impide el uso del teléfono. Si se puede, el sanitario debe pedir ayuda a los familiares presentes o a cualquier otra persona en el lugar. Y, al igual que en otros contextos, si la agresión es física, el sanitario debe evitar cualquier confrontación directa. El objetivo debe ser garantizar su seguridad personal y salir del lugar tan pronto como sea posible, siempre que pueda hacerlo sin poner en peligro su vida.
Cuando la agresión se produce en la vía pública es más probable que el sanitario no esté solo y que pueda haber testigos del incidente. Este tipo de agresión puede ocurrir mientras el sanitario está en tránsito hacia un centro de salud, al salir de su lugar de trabajo o mientras atiende a una persona en una ambulancia o en un servicio de emergencias.
En estos casos lo primero que debe hacer el sanitario es buscar ayuda. Si la situación lo permite, debe llamar para alertar de la agresión y solicitar asistencia policial o médica. Además, puede pedir ayuda a transeúntes o a otras personas que estén cerca. También debe buscar un lugar seguro para alejarse del agresor, como un comercio tienda, un establecimiento público o un lugar con personas presentes. Evitar que la situación se intensifique es fundamental para evitar que se convierta en una agresión aún más grave.
-¿Cómo se pueden mejorar los protocolos de seguridad actuales??
Desarrollar e implementar un Plan nacional en el que todas autoridades competentes y los diversos sujetos implicados hagan visible el apoyo legal que los profesionales sanitarios tienen a su disposición. Un Plan que garantice que la norma jurídica protege a los trabajadores sanitarios contra agresiones y que el sistema judicial está comprometido a dar la debida solución al problema.
También sería necesario continuar con las políticas de prevención y protección, así como fomentar una cultura de respeto y seguridad en los entornos sanitarios.
Es esencial también facilitar el proceso de denuncia, simplificarlo. Los profesionales sanitarios deben tener acceso a mecanismos de denuncia rápidos y sencillos, como procedimientos de denuncias in situ, plataformas digitales o puntos de contacto directo con recursos de apoyo. Reducir la burocracia y garantizar que el proceso sea ágil puede motivar más a los profesionales sanitarios a dar ese paso.
Y crear conciencia social y prevención mediante campañas de sensibilización y educación en torno a la violencia, así como desarrollar programas comunitarios de prevención que pueden ayudar a crear un entorno donde los comportamientos agresivos sean menos tolerados socialmente.
-¿Cómo ayuda la figura del Interlocutor Policial Sanitario a los profesionales?
Los Interlocutores Policiales Sanitarios se constituyen como un cauce de comunicación con los responsables de los centros sanitarios y de los departamentos de seguridad en el ámbito sanitario, con la finalidad de coordinar, desarrollar y ejecutar las actuaciones policiales relacionadas con cualquier manifestación de violencia o intimidación al personal sanitario.
Los Interlocutores de la Policía Nacional son 77 puntos de contacto permanentes con los representantes de los centros médicos, los departamentos de seguridad, los colegios profesionales y las autoridades territoriales sanitarias competentes.
Y, por supuesto, además de la actividad formativa e informativa que en materia preventiva ante las agresiones llevan a cabo, también actúan como punto de contacto permanente con las víctimas de esas agresiones, a las que prestan asesoramiento y acompañamiento en los trámites posteriores a la denuncia de los hechos.
-Usted va camino de los cuatro años como Interlocutor Policial Sanitario. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, el año pasado se registraron en España 16.558 agresiones a profesionales sanitarios. ¿Estamos en el peor momento de estos casi cuatro años?
Evidentemente. Esas 16.558 notificaciones de agresiones en el Sistema Nacional de Salud durante el año 2024 es la cifra más alta desde que hay registro (2017), ya que supera incluso a la del 2023 en un 12 %, cuando se notificaron 14.749.
Las notificaciones por agresiones físicas y verbales hacia el personal sanitario, y en concreto hacia el de Enfermería, han ido en aumento en los últimos años. La falta de recursos, la sobrecarga de trabajo, los tiempos de espera largos y la frustración de los pacientes o familiares son, desgraciadamente, causas que contribuyen a este aumento de notificaciones de agresiones.
-¿Cuál es la situación en los países de nuestro entorno?
La violencia contra los profesionales sanitarios es un problema común en muchos países de Europa, y aunque las estadísticas y las medidas legales varían, en general, los respectivos gobiernos están tomando acciones para proteger a los sanitarios. Esto incluye la creación de leyes específicas que endurecen las penas por agresiones, la implementación de protocolos de seguridad en hospitales y resto de centros sanitarios y la sensibilización tanto de los pacientes como del personal sanitario sobre la importancia de prevenir y gestionar la violencia en los entornos de trabajo.
A pesar de las diferencias entre los países, la tendencia es hacia una mayor protección legal y laboral para los profesionales sanitarios y la creación de un entorno más seguro para desempeñar su trabajo.